2.
En enero de este año se puso en marcha una nueva prestación para ayudar al pago del alquiler, agua, luz, comunidad, etc., cerrándose el plazo el 31 de enero, llegando aún peticiones de personas que quieren evitar un desahucio por el impago del alquiler, con lo que se le hace una ayuda de emergencia, incrementándose de esta forma del número de las mismas, pero que no cumplen la función, ya que es una ayuda puntual y no resuelve la situación del solicitante. Esta prestación tendría que haber permanecido vigente todo el año, debido al alto índice de paro que tenemos y que aún continua y va en aumento, con cifras que superan los cuatrocientos/as parados/as cada día en Las Palmas de Gran Canaria.
El nuevo procedimiento de atención, debido a los problemas de espacio, viola la privacidad de los ciudadanos/as.
Falta de personal de manera continuada en los centros. La demanda y el volumen de trabajo así lo indican.
Falta de estabilidad en el personal que está trabajando en especial el que está sujeto al proceso de intervención con familias (ETER).
No se sustituyen las bajas de maternidad (violando la Ley y los acuerdos tomados por la corporación).
No se sustituyen las bajas de larga duración.
La problemática de SS.SS es el pescado que se muerde la cola: hay más demanda, hacen falta más profesionales y recursos, no hay dotación económica ni para recursos, ni para personal; además si
llegaran no habría dónde ubicarlos.
Falta de planificación en el Servicio, Evaluación Continua, Directrices, Líneas comunes de actuación, algo que aúne o que trace una metodología y dinámica de trabajo común en todos los centros.
Es necesario que se renueven y actualicen los baremos de las ayudas de servicios sociales, al estar obsoletos y no ajustarse a la realidad socio-económica actual.
Infraestructuras insuficientes.
3.
Hacinamiento: por ejemplo, 50 metros cuadrados para 16 trabajadores/as.
Falta de despachos de atención al ciudadano/a.
Falta de privacidad. Despachos no adecuados.
Cucarachas y ratones en los despachos de atención al ciudadano/a.
Falta de accesibilidad en los centros para personas con discapacidad.
En muchos centros sólo hay dos líneas telefónicas para todo el centro.
Dos terminales para hasta dieciséis trabajadores/as.
Falta de mesas, sillas, espacios (hay trabajadores/as y usuarios/as que no tienen donde sentarse.
Faltan archivos y espacios para ponerlos incumpliéndose la Ley de Protección de Datos.
Carencia y dispersión en los espacios dedicados a atender a las familias y al trabajo de los propios técnicos.
Insuficiencia de recursos informáticos en los espacios ya disponibles: conexiones, ordenadores, etc.
Altísimos ratios en los equipos de valoración e intervención con familias y menores impidiendo el buen hacer profesional.
Insuficiencia de técnicos en los equipos de menores en base a los ratios existentes.
Carencia de directrices claras coordinadas e integrales de los órganos superiores que propicien la homologación y la priorización de las necesidades en el quehacer diario.
La no homologación en los criterios de evaluación e intervención con familias y menores, procedimientos,
protocolos, soportes documentales entre los diferentes equipos y distritos.
Improvisación en los cambios organizativos sin que se planifique previamente los procesos de adaptación.
Los cambios en la organización han conllevado continuos cambios detécnicos asignados a los casos, perjudicando a las familias usuarias.
Carencia de análisis estructural y mecanismos de evaluación continua de la organización e intervención técnica.
La no disponibilidad inmediata de recursos económicos y/o materiales destinados a apoyar a las familias y sus menores.
Inexistencia de protocolos standard de coordinación e intervención con otras instituciones básicas en las áreas de salud educación, empleo y/o vivienda.
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