Las autoridades competentes en la configuración, mantenimiento y gestión de la ciudad son los ayuntamientos, y por tanto, son los responsables en primera instancia de afrontar tales restricciones a la condición de ciudadanía de todos sus miembros. Pero más allá del ámbito local, en España, y como consecuencia del reparto de poderes existentes, cada Comunidad Autónoma ha ejercido sus competencias y desarrollado leyes en aspectos tales como la accesibilidad a los espacios y servicios.
La aplicación de estas leyes de accesibilidad se produce, en gran medida, a escala local, de modo que muchos ayuntamientos las han implementado haciendo uso de los instrumentos de promoción contemplados en la propia normativa. El resultado de esta aplicación hasta el momento, según se deduce de la evaluación realizada para el Libro Verde: la Accesibilidad en España1, ha sido escaso e irregular: no se puede negar que se han realizado grandes avances (la propia existencia de la legislación lo es), pero todavía nos encontramos muy lejos de que la accesibilidad sea una característica común en los edificios, calles o transportes de nuestras ciudades, y más lejos aún de ser un requisito plenamente asumido por los gestores y planificadores de las mismas.
Es preciso destacar que referida al entorno urbano y a la ciudad, la accesibilidad es un concepto amplio e integral, y que en los últimos años ha evolucionado más allá de la idea de supresión de barreras implícita en la normativa y los instrumentos de aplicación municipales, pasando a concebirse ya como la condición que deben cumplir los espacios, servicios y equipamientos municipales para garantizar su uso y disfrute de forma cómoda y segura a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
La falta de accesibilidad limita tanto la autonomía de las personas, como su capacidad de elección e interacción con el entorno y sus oportunidades de participación en la vida social, factores que conforman la base para el ejercicio igualitario de las libertades fundamentales. Estos criterios se han incorporado ya en la normativa de mayor rango, a través de la recientemente aprobada Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y Accesibilidad Universal que engloba el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, generando así, la necesidad de que las distintas administraciones, entre ellas los ayuntamientos, actualicen sus propios conceptos e instrumentos de intervención según las tendencias más recientes.
En este contexto, ya no se trata de que las autoridades locales realicen obras o planes de accesibilidad, tal y como se ha hecho hasta el momento, sino de que incorporen la accesibilidad como una condición importante de toda su gestión, y que se contemple en relación con todos aquellos elementos de movilidad, comunicación y comprensión que conforman los espacios públicos, los servicios y los equipamientos municipales.
Se trata de una tarea ambiciosa, que se está iniciando ahora, y a la que se une esta ONG proponiendo criterios y orientaciones generales para el diseño y elaboración de lo que hemos denominado un Proyecto Operativo Urbano Funcional de Accesibilidades, PORFA.
Para la conformación y desarrollo de esa política se requiere promover un cambio que partiendo desde la concepción exclusivamente técnica y acabada en si misma que ha caracterizado a los Planes Especiales de Actuación como principal instrumento de promoción de la accesibilidad, conduzca hacia su incorporación como una parte integrante, como una responsabilidad compartida, de las distintas áreas municipales. La accesibilidad debe ir calando como una necesidad en todas las actividades, programas y políticas que se lleven a cabo en el municipio, y en todos los servicios a disposición del ciudadano, con objeto de garantizar iguales condiciones a todas las personas a la hora de ejercer sus derechos y libertades fundamentales.
Buena parte de las ideas y propuestas que se desarrollan a lo largo de este texto aparecen destacadas en el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, en su estrategia número 13: “Mejora de los Planes Territoriales de promoción de la accesibilidad”. En ella se contemplan medidas destinadas a aumentar la eficacia de las actuaciones que se realizan en los municipios para la promoción de la accesibilidad, y garantizar la eficiencia requerida en su gestión. Así, la Política Integral de Accesibilidad en el Municipio (PIAM) que aquí se presenta es una aplicación y desarrollo de las propuestas incluidas en dicha estrategia y está concebida en base a las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado para el Libro Verde: La Accesibilidad en España (publicado por IMSERSO en 2002). La PIAM, se basa en la combinación de estrategias sectoriales y transversales desarrolladas para su aplicación a escala local y partiendo de las nuevas concepciones de Diseño para Todos y Accesibilidad Universal de creciente aplicación a escala internacional.
Conscientes de las complejidades que presenta la organización administrativa local y la diversidad que caracteriza a los ayuntamientos de España, y lejos de querer establecer fórmulas mágicas o generalizar soluciones, con nuestra propuesta se pretende aportar ideas útiles mediante ejemplos; con ella se quiere ayudar a promover distintas intervenciones a favor de la accesibilidad en los municipios. En este sentido, las personas afectadas pretenden ser un ejemplo para desarrollar una nueva etapa con su intervención municipal en accesibilidad que vaya más allá de la mera supresión de barreras y se prevenga su creación. Las medidas que se desarrollan son posibles vías para que los gobiernos locales puedan gestionar y promocionar la forma mas eficaz, la accesibilidad en el municipio para así, establecer una base sobre la cual todos los ciudadanos puedan desarrollar sus libertades individuales plenamente.
|
